Si la #LeyLongueira fuera un pez, diríamos que está orillado, boqueando fuera del agua, pegando los últimos coletazos antes de morir. Esto después que, por abrumadora mayoría de 81 a 46, la Cámara de Diputados aprobara este martes el proyecto que la anula.
Pero ¿cuáles son las consecuencias de anular esta ley? Para no extender este texto innecesariamente, demos por hecho que todos saben que fue una ley viciada porque hubo corrupción y cohecho en su discusión. Hay ex parlamentarios procesados por este tema, y puso bajo la lupa la entonces extendida práctica del financiamiento ilegal de la política. (Léanse «Pescado Rabioso» de Carlos Tromben, o «El Saqueo al Mar» de Nancy Guzmán).
Dicho eso, parece evidente que lo mejor es anularla, revertir todo a fojas cero hasta el día previo a su promulgación, como un gigantesco Día de la Marmota. El problema es que si esta ley es mala, la anterior (y que entraría en vigencia automáticamente) es diez veces peor.
Quienes ofrecieron sobornos y compraron los votos no estaban interesados en todo el proyecto legal, sino que le preocupaban sólo algunos aspectos que estaban en juego: aspectos críticos que mueven millones de dólares: beneficios tributarios, posibilidad de perforar la zona exclusiva de la pesca artesanal, entrega de cuotas sin licitación, etc.
Pero en otros aspectos, la Ley sí representó avances respecto de lo que ocurría antes: se terminó con la cuota global de captura (un incentivo perverso en el que todos salían a pescar lo más rápido posible, hasta agotar la cuota, lo que se conocía como “carrera olímpica”), se acabó el resquicio de la “pesca de investigación” para autorizar cuotas ficticias más allá de lo permitido; se crearon los comités científicos y de manejo, que le dieron rigor técnico al establecimiento de cuotas, más allá de las presiones políticas, se instalaron posicionadores satelitales en la flota artesanal (la industrial lo tiene desde el año 2000), para mejorar la fiscalización, etc.
Pero no sólo eso: al alero de esta ley se crearon otras leyes que también –en efecto dominó- dejarían de existir con la anulación de la primera: la modernización de Sernapesca, la creación del Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal (INDESPA), e incluso la propia Ley de la Jibia, que reservó este recurso para la pesca artesanal.
Anular la ley de golpe y porrazo para cosechar aplausos de la galucha, es fácil, pero irresponsable. Si bien comparto el gesto político de anularla, esto no puede significar dejar el mar (otra vez) a la deriva. Y anular la Ley Longueira a lo chango, sin tener un plan B, significaría reponer una ley que llevó al borde del colapso gran parte de nuestras pesquerías. Una ley que por cierto, costó décadas echar abajo, porque son tantos los intereses y están tan cruzados, que nadie ha podido ponerle el cascabel al gato.
Aquí hay que sacarse de la cabeza la idea de industrial/malo, artesanal/bueno, porque el único principio rector que debe orientar la normativa es la sustentabilidad de la actividad. Y el que la extracción sea artesanal no es garantía de explotación sostenible (dos ejemplos: recuerden lo que pasó con el loco en los 80’s, y miren lo que está pasando ahora con las praderas de algas).
Entonces, la única forma de asegurar el correcto uso de los recursos naturales que nos pertenecen A TODOS (no sólo a los pescadores artesanales o industriales) es contar con una normativa y una institucionalidad fuertes que funcionen con criterios científicos y técnicos, y eso está mejor servido en esta ley que en la anterior. (Ejemplo: antes la definición de las cuotas se hacía en el Consejo Nacional de Pesca, con criterios políticos. Hoy la hacen los comités científicos).
Por supuesto, el Día de la Marmota apocalíptico ocurriría sólo si se anula a lo chango, como dije. No soy experto en la materia, pero podría buscarse una fórmula intermedia en la que se anule dejando algunos artículos vigentes de manera transitoria, o darse un plazo para redactar una nueva ley, por ejemplo.
Pero si en algo podemos estar todos de acuerdo, es que los dos últimos gobiernos fueron incapaces de atajar este tema y corregirlo dentro del marco institucional. Y ahora esta administración recurrirá al Tribunal Constitucional, que es su caballito de batalla cuando el partido se le va de las manos. Tristemente, todo esto hace perder el foco de lo que a mi juicio es lo único que importa: cómo aseguramos una explotación racional de nuestro mar, que permita la recuperación de las pesquerías en estado crítico.
Debatir ese tema pero en serio, sin cuoteos ni cálculos políticos, es complicado, porque los pescadores hacen buen lobby, y cualquier cosa que toque sus intereses es impopular. Y por el otro lado, los industriales tienen redes e influencia. Irónicamente, para anular esta ley corrupta sin deshacer lo bueno que se ha hecho, va a requerir muchas agallas.